El gigantesco fraude de Volkswagen sigue trayendo cola. Si ya a las pocas semanas se destapó en España una red de talleres que retiraba los filtros antipartículas (FAP), con el objetivo de evitar su sustitución, casi un año después las sospechas se centran en otros fabricantes.
En la misma línea que el fraude de Volkswagen, centrado en engañar a los controles de emisiones, en aquellos talleres se eliminaban los filtros manipulando el software para sí poder pasar la ITV de manera fraudulenta.
El culebrón del ‘Dieselgate’
Se hacía de forma casera, pero la chapuza era efectiva. El resultado: un ahorro en el bolsillo y un aumento de los niveles de polución, pues a fin de cuentas se trata de un supuesto delito ambiental, que contribuye a disparar el cambio climático, afecta a nuestra salud y también a nivel ambiental.
Ahora, el escándalo vuelve con fuerza, esta vez poniendo el foco en otras marcas de coche. Cuando todavía no se han respondido a todos los interrogantes planteados, se destapan posibles fraudes que no ayudan, precisamente, a exigir esas respuestas a preguntas fundamentales.
Algunas de ellas, sobre todo las relacionadas con las sanciones, indemnizaciones o posibles juicios, están dilucidándose, si bien a paso de tortuga.
Una de las noticias más recientes ha sido la demanda presentada por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) contra la compañía alemana por engañar al usuario afirmando que sus vehículos no contaminaban tanto como realmente lo hacían.
Recordemos que Volkswagen reconoció el 22 de septiembre de 2015 que alrededor de 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo tenían instalado un dispositivo que modifica los controles de contaminación cuando el vehículo está en fase de pruebas.
Los tribunales españoles utilizan la lógica contraria. También hemos sabido estos días que la última sentencia sobre el caso rechaza una denuncia interpuesta por un cliente de la casa germana.
El cliente buscaba anular el contrato de compraventa de un modelo Tiguan 2.0 TDI al que se le había implantado el programa fraudulento, alegando que no cumplía con lo ofertado. Sin embargo, un juzgado de Primera Instancia de Valencia ha considerado que las pruebas aportadas no son válidas, puesto que el coche es apto para la circulación y no supone un peligro ambiental mayor que otros que están circulando, argumenta.
Se trata de la tercera sentencia que falla en este mismo sentido, después de las de Torrelavega (Cantabria) y Zaragoza, en las que también se rechazan denuncias similares.
¿Más fabricantes implicados?
La incertidumbre, ahora, va en otra dirección. Gigantes como Audi, Opel, Porsche o Mercedes Benz, entre otros utilitarios de Volkswagen, están siendo analizados tras detectarse irregularidades en sus niveles de emisiones.
La agencia federal alemana del automóvil se ha puesto a la tarea de revisar unos 630.000 coches en Alemania, todos ellos vehículos diésel sospechosos de «irregularidades», al menos en un principio.
Que finalmente pasen a engrosar el Dieselgate o no depende de lo que se encuentren. O quizá sea todo lo contrario, y gracias a aquel escándalo el país esté siendo más minucioso en sus controles.
Sobre todo, tiene sentido desde un enfoque económico, más allá de lo ambiental. En especial, habida cuenta también de lo mucho que está en juego, pues buena parte de la economía germana depende de estas compañías.
Por lo pronto, Volkswagen está recuperándose. Antes de que se cumpla un año desde del escándalo, la compañía ha recuperado la mitad de lo perdido. Si nada más saltar la noticia las acciones se desplomaron, parece que el tiempo todo lo cura y han bastado unos pocos meses para que empiece a verse luz al final del túnel.