El problema de las aguas subterráneas se ve acentuado porque los expertos aseguran que desde la administración no se está actuando lo suficiente ni poniendo en marcha las medidas necesarias para solucionar la situación presente y futura de los recursos hídricos.
Los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reflejan que se han cerrado alrededor de 250 pozos en el entorno de Doñana, así como 11 depósitos privados.
Una situación que se ha detectado también en otras zonas como la cuenca del Segura en la que se han tramitado ordenes de clausura para 300 pozos desde el año 2013, mientras que en el Tajo se han incoado un total de 117 expedientes sancionadores en el período de tres años.
La clausura de pozos igualmente se ha detectado en la cuenca del Guadiana en la que se ha procedido a la clausura de 87 pozos desde el año 2010. Además, en la del Júcar, se han contabilizado 59 expedientes sancionadores sobre derivaciones o extracciones de aguas sin título legal que ampare la actividad.
Pero, las cifras son todavía más alarmantes porque, de acuerdo con los datos ministeriales, en España había alrededor de 510.000 pozos ilegales en España. Una cifra que, sin embargo, para otras organizaciones como, por ejemplo Greenpace, se duplicaría.
Esta situación ha tenido ya varias consecuencias. La más clara se ha detectado en el Parque Nacional de Doñana, que está considerada como una de las zonas más críticas por el uso ilegal del acuífero para regar cultivos.
Una situación sobre la que los expertos alertan de que es especialmente preocupante porque, de seguir así, va a tener efectos negativos en el medioambiente y en la economía de la zona y del país.
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