El concepto de economía compartida es interesante en cuanto que ayuda a ahorrar y a cuidar el planeta, pero algunas de sus prácticas resultan polémicas y hasta son ilegales, sobre todo cuando media ánimo de lucro. Compartir coche es un claro ejemplo del conflicto de intereses que puede llegar a crearse a nivel social, así como de los riesgos legales derivados de su uso. Pese a la confusión, sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse si se está bien informado y se conocen los límites que no deben traspasarse.
Las advertencias del gobierno a los usuarios de servicios de coches compartidos han llegado esta semana sin paños calientes, pero al mismo tiempo de un modo ambiguo. El comunicado difundido a través del Ministerio de Fomento afirmaba que no contar con la correspondiente autorización de transporte para operar era «una infracción muy grave» que acarrearía multas a usuarios y conductores entre 600 y 18.000 euros
El comunicado oficial se dirigía de forma general a personas y a empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en turismos mediante retribución económica y no cuenten con las debidas autorizaciones, suscitando dudas sobre qué se puede usar sin ser multados. Se aludía específicamente a «usuarios de coches compartidos que operen sin licencia», sin mencionar ninguna aplicación concreta como BlaBlacar o Uber, las más utilizadas en España. Por lo tanto, la pregunta es inevitable: ¿A quiénes van dirigidas las sanciones?
Las apps de la discordia
Antes de responder a la pregunta, conviene conocer el contexto en el que ha de entenderse el comunicado, difundido sólo un par de días antes de la huelga de taxis, que coincide con la llegada a España de Uber, la app que les hace la competencia más directamente, y a la que acusan de proporcionar un servicio inseguro e ilegal.
Unas plataformas se orientan al lucro mientras otras simplemente actúan de manera que los usuarios del viaje comparten gastos. Las primeras suelen hacer viajes dentro de las ciudades a modo de taxi, con perjuicio de taxistas y otros servicios de transporte público, mientras las otras, como Blablacar, Amovens o Carpooling suelen hacer viajes largos en que los usuarios se reparten el precio del viaje. En todos los casos, son aplicaciones que ponen en contacto a particulares para compartir un trayecto, bien sea a través de una web o mediante apps que funcionan mediante geolocalización.
¿Pero es o no ilegal?
Las multas no surgen de una nueva legislación sino que, de aplicarse, su marco sería la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), por lo que no hay novedades en este sentido. Según aclaraciones hechas por Fomento, las multas sólo afectarán a aquellos servicios en los que «exista una actividad económica profesional, en la haya una remuneración por la prestación».
La Unión Europea, por otra parte, es favorable a las plataformas para compartir coche entre particulares. Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha puntualizado que «Uber no es el enemigo de los taxistas», asegurando que desde Bruselas no se pondrán trabas a ningún servicio que suponga innovación. Sin embargo, estos servicios de transporte no profesional han sido prohibidos en algunas ciudades como Bruselas.
Mientras se normaliza la situación a nivel político, normativo y social, hay una cosa clara: los viajes compartidos en coche particular en los que se repartan gastos no incurren en ilegalidad, por lo que no precisan licencia de ningún tipo. Dividir los gastos de viaje entre los usuarios nada tiene que ver con la contratación de servicios de transportistas no autorizados. Sin remuneración económica no hay ilegalidad, por lo tanto, no hay nada que deba preocuparnos.