El texto tiene algunos puntos destacables y que no atañen solo a las renovables, como la habilitación de más de 1000 millones de euros procedentes del superávit de las eléctricas, acumulado en ejercicios anteriores y para cubrir el déficit de tarifa de 2019. Se pretende así compensar la caída en la demanda que propició la crisis del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, y que podría ascender a una cantidad mayor en caso de rebrote.

Se regula también el almacenamiento y la figura de los agregadores independientes, y se emplaza a la propia administración a declarar de utilidad pública las infraestructuras de recarga ultrarrápida, lo que trata de simplificar la tramitación e instalación en vías interurbanas.

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Un sector que demandará profesionales

La previsión del Gobierno es que las medidas atraigan inversiones equivalentes a unos 90.000 millones de euros, lo que podría generar entre 107 000 y 135 000 empleos netos en los próximos 10 años. Ello contribuiría a alcanzar el objetivo de que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030, y que en 2050 alcance el 100%.

En la rueda de prensa en la que se anunció el RDL, Teresa Ribero, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resaltó el efecto multiplicador que pueden tener estas inversiones, y puso en valor la situación única que tiene España: el país fabrica la totalidad de elementos de un aerogenerador y el 65% de los componentes de una instalación solar.

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con trabajadores cualificados, pues, en buena medida, estará en sus manos la consecución de los objetivos. Por ello, en los últimos años las universidades y escuelas de negocios se han afanado en ofrecer títulos como el Máster Oficial en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética de la Escuela de Negocios y Dirección – ENyD, que profundizan en el sector y mercado energético, en el marco jurídico que lo regula, en la investigación y la innovación o en las auditorías y certificados energéticos, entre otros.

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​Contra la especulación

El Real Decreto-ley, que se publicó en el BOE el miércoles 24 de junio, también persigue el objetivo de terminar con la especulación. Los permisos de generación renovable han constituido toda una burbuja que ahora se pretende pinchar, pues el ministerio estima que el 60% de los permisos de acceso otorgados no han iniciado luego los trámites para obtener la conexión a la red. Es indicativo de que no hay proyectos detrás, sino deseos de revender esos derechos, algo que crearía barreras de acceso económicas a quienes sí tengan planes industriales viables para salir adelante.

En concreto, lo que se ha hecho para frenar la burbuja es establecer hitos administrativos sujetos a plazos, y que obligan a los titulares a ir acreditando su cumplimiento. Estos hitos son, por ejemplo, la obtención de la declaración del impacto ambiental o la autorización administrativa para la construcción. De no cumplirlos, el permiso caducará sin avales económicos. El último plazo termina a los cinco años de la consecución del primer hito.

Eso sí, se plantea una alternativa a los promotores: renunciar de forma voluntaria al proyecto sin perder garantías, para lo que tienen tres meses desde la entrada al vigor del RDL. Las nuevas solicitudes de acceso, por otra parte, están en suspensión hasta que se apruebe una nueva regulación de entrad y conexión.

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Las subastas como eje

El texto aprobado dispone también un nuevo sistema de subastas, donde la variable sobre la que se puja es el precio de la energía, siendo distinta para cada tecnología. Se intenta también favorecer a las pequeñas instalaciones y nuevos proyectos que resulten innovadores, eximiéndoles de acudir a subasta para recibir retribución.

Fue en plena reforma eléctrica de 2013, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, cuando se aprobó el sistema de subastas actual. Por entonces, el precio de la generación del kWh renovable estaba por encima del precio de mercado y, a juicio del Gobierno, se necesitaba actualizar el modelo.

Se abre la puerta también a nuevos modelos de negocio, como el almacenamiento, que permitirá la gestión de energía generada en nuevas plantas híbridas (porque combinarán varias tecnologías, como la fotovoltaica y la eólica) utilizando un único punto de conexión. Se regulan también las comunidades de energías renovables, lo que propiciará que la ciudadanía y las entidades locales sean socios de proyectos.

Así, con el RDL se pretenden acelerar ciertas medidas, como las subastas, mientras se espera la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Actualmente se está tramitando en las Cortes y no se prevé que entre en vigor hasta el próximo año, entre otras cosas, porque VOX presentó a última hora una enmienda a la totalidad.

Las propuestas

Aunque las medidas no se han concretado en su totalidad, de momento se plantean algunas acciones para garantizar la supervivencia y continuidad del coral rojo en el Mediterráneo, ya que las últimas investigaciones han permitido comprobar la necesidad de proteger esta especie.

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha dado a conocer la posibilidad de que se establezca una moratoria completa para la pesca.

Esta moratoria se aplicaría en la zona concreta de la costa de Cataluña y se fijaría por un periodo de 20 años con el fin de favorecer la lucha contra el furtivismo y proteger el coral rojo del Mediterráneo.

Además, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, se está trabajando en otras medidas para evitar la extinción del coral rojo para lo que también se está contando con la colaboración de varios expertos.

Por ejemplo, se baraja el control de las poblaciones y el establecimiento de zonas de protección integral. Asimismo, no se descarta regular las visitas de submarinistas y el desarrollo de una genoteca para que esta especie esté protegida en el futuro.

El paquete de medidas que se quiere implementar también comprende otros ejes de acción como diseñar protocolos que permitan restaurar las poblaciones de corales rojos.

Medidas europeas

Aparte de estas medidas, también se pretende introducir otras acciones para proteger el coral rojo. Entre ellas, destaca la intención de adherirse al programa de investigación del coral rojo en el seno de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y participar en el comité científico asesor que se creó recientemente.

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