En qué consiste el pago por uso y qué opciones ofrece

Frente a aquellas decisiones de compra que producen consecuencias a largo plazo, el pago por uso es una invitación para evitar el consumismo, la acumulación y el exceso. Cuando una persona se convierte en propietaria de un bien específico, también adquiere una responsabilidad en relación con su cuidado y mantenimiento. Sin embargo, el concepto de propiedad, en este caso, sigue vinculado a la empresa que ofrece la propuesta.

El pago por uso ha irrumpido en diferentes sectores, pero está especialmente presente en el sector de la movilidad a través del renting que se presenta como una alternativa a la compra de un coche. El pago por uso repercute significativamente en el coste final de un producto o servicio cuando este dato se pone en relación con la compra. Más allá del sector de la movilidad, es una fórmula que también se materializa en otros contextos como el pago por uso en equipos de impresión que ofrecen un excelente servicio a empresas y negocios.

Qué ventajas ofrece el pago por uso

Como indica el nombre de la propuesta, se adapta al uso concreto. Es decir, cubre una necesidad durante un tiempo específico. Y esta opción tiende a reducir el gasto asociado al disfrute de ese bien. El ahorro final puede ser significativo porque el pago por uso también suele evitar otros gastos de mantenimiento.

Con el tiempo, probablemente pronto, las condiciones podrían ser mucho más favorables, y encontrar un escenario más amigable, que no convirtiese en una fuente de problemas y gastos la apuesta por una alimentación eléctrica generada por el mismo consumidor.

El autoconsumo, misión imposible

Ya sea un ciudadano de a pie o una empresa, recurrir a la autosuficiencia energética es una actividad de alto riesgo. Tanto por las mismas características de las tecnologías normalmente utilizadas, como son la eólica y la fotovoltaica, dependientes de la climatología, y por lo tanto intermitentes, como por los impuestos que hay que apoquinar si seguimos conectados a la red.

Es decir, la desconexión de la red es la única opción que nos queda si no queremos encarecer el precio de la energía hasta límites que acaban desalentando al más pintado.

A ello hemos de añadir la inversión necesaria a nivel tecnológico. Sin subvenciones, hay que esperar más de una década para amortizarla, lo cual supone otra barrera, aunque la bajada de precios de las tecnologías está haciendo una diferencia en este sentido.

Con el agravante de que no se puede vender la electricidad generada ni tampoco comprarla a otros productores de energía verde, por lo que los excedentes solo pueden regalarse o, si se quiere evitar tal cosa, una opción es programar la generación hasta llegar a unos límites prefijados.

A partir de ellos, una vez almacenada la energía, la instalación sencillamente se desprograma para así evitar tener que derivar la energía sobrante a la red. Una triste solución si tenemos en cuenta cómo funcionan las cosas en otros países.

Un ejemplo puntero lo constituye Alemania. Por una parte, el país germano no solo intenta reducir su gran dependencia de los combustibles fósiles incentivando a los ciudadanos (pueden almacenar, vender y comprar energías renovables), sino también a las empresas.

Su plan verde implica una enorme inversión en energías renovables, con el objetivo no solo de dejar de ser deficitaria sino también con la intención de poder cerrar todas sus centrales nucleares.

El plan está costando grandes esfuerzos y no menores sacrificios de parte del erario público y de los mismos ciudadanos, que colaboran con impuestos especialmente altos destinados a este fin. A diferencia de nuestro país, los impuestos solo sirven para perpetuar un modelo periclitado, lo cual significa seguir manteniendo unos beneficios desorbitados.

Un dinero que, en definitiva, acaba enriqueciendo a unos pocos, perpetuando la pobreza energética y un modelo energético que va en contra de las urgentes medidas que requiere la lucha contra el cambio climático y un respeto ambiental no menos perentorio.

¿Pero, hasta cuándo? Las directivas que está preparando la Unión Europea marcarán un antes y un después en España. Las energías renovables serán prioritarias y, por supuesto, se fomentará el autoconsumo. Entre otros aspectos, el impuesto al sol tendrá que derogarse.

De hecho, podría ocurrir sin directivas de por medio. Sin ir más lejos, la semana pasada casi todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno (salvo Foro Asturias) han apoyado la presentación de una iniciativa parlamentaria que pretende crear una nueva ley que potencie el autoconsumo eléctrico.

En concreto, se busca eliminar los cargos que implica el denominado impuesto al sol con la creación de una nueva ley que lo fomente. Básicamente, se pretende hacer viable la opción del autoconsumo eléctrico.

Habida cuenta del protagonismo que están adquiriendo las ciudades a nivel planetario, de lo que ello supone sumando el fenómeno de la superpoblación y de su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, se trata de una cuestión importante para combatir el cambio climático.

Reducir la mitad de emisiones

Además, reduciendo las emisiones ocasionadas por el tráfico y el carbón, sobre todo en las ciudades en desarrollo, se consigue un resultado no menos positivo: la limpieza ambiental. Se trata, en suma, de lograr ciudades ecológicas que ayuden a mejorar el hábitat para sus ciudadanos y a su vez contribuyan a frenar el calentamiento global.

Apostando por políticas favorables al autoconsumo y a los coches eléctricos se pueden reducir un 50 por ciento las emisiones en las ciudades. El resultado práctico que se persigue es el logro de edificios bajos en carbono. Concretamente, inmuebles de consumo de energía casi nulo a nivel particular y también comunitario, así como una movibilidad urbana basada en el vehículo eléctrico, concluye dicho informe, titulado “El Autoconsumo es el paradigma de las Ciudades Sostenibles”.

Otras medidas importantes

La edificación sostenible es otra de las medidas importantes que se hace necesario llevar a cabo en el entorno urbano si se pretende mejorar la sostenibilidad.

La necesidad de nuevas ideas en las que invertir fue una de las principales conclusiones de la reciente reunión de la coalición C40 de urbes comprometidas con el clima, que reúne a un total de 90 de las ciudades más grandes, como Madrid, Río, Caracas, Nueva York, Londres, Nueva York, París, Seúl, Pekín, Estambul o Atenas.

Si la financiación suele ser un problema, no resulta menos complicado encontrar ideas en las que merezca la pena invertir. “Se necesitan personas visionarias que nos ayuden a enfrentar esta situación”, dijo la alcaldesa de París y presidenta del C40, Anne Hidalgo.

De hecho, las ciudades se consideran fundamentales para luchar contra el cambio climático tanto mediante políticas favorables a ello como dando ejemplo mediante la aplicación de ideas innovadoras que ayuden a combatirlo o a soportar mejor sus efectos.

La reunión finalizó con el compromiso de los alcaldes a hacer propuestas que ayudaran a reducir las emisiones en 2020, dentro del marco creado en el Acuerdo de París, en vigor desde el pasado 4 de noviembre.

Además de las edificaciones ecológicas (haciendo hincapié en el uso de renovables mediante el autoconsumo) o un mayor uso de las energías verdes gracias a medidas municipales que las promuevan, las ideas se centran en la movilidad sostenible.

En efecto, es un tema recurrente a la hora de realizar propuestas. No solo mediante el fomento del automóvil eléctrico, sino también promocionando el transporte público o, cómo no, la bicicleta. Recordemos que la polución atmosférica es la responsable de millones de muertes cada año en todo el mundo.

La ONU no se cansa de advertir que la polución del aire constituye una emergencia de salud pública que ocasiona muertes prematuras. Según un reciente estudio de esta organización, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), no solo resulta determinante en las enfermedades sino también en los decesos.

De acuerdo con el trabajo, que aborda el problema de la contaminación del aire en las urbes, donde se observan los resultados más dramáticos, a nivel mundial la polución atmosférica cuesta la vida a alrededor de siete millones de personas. Sobre todo, se sufren sus efectos en las zonas ubranas marginales de los países más pobres.

Las medidas también pretenden convertir a Europa en el mayor mercado de las energías limpias, y para ello se presentará un paquete de medidas el próximo 30 de noviembre. Entre ellas, la prohibición de los recortes a las renovables y el fomento del autoconsumo.

Directiva sobre renovables

La nueva Directiva sobre renovables dedica el artículo 21 al autoconsumo de electricidad, que obligará a modificar el Real Decreto 900/2015, lo cual significará la eliminación de algunas de sus disposiciones más restrictivas.

Entre otros cambios, se permitirá el autoconsumo compartido, actualmente prohibido, así como la venta de excedentes aún sin llegar a producir los 100 kilovatios que ahora se establecen como mínimo. Por lo tanto, autoconsumidores de un mismo bloque de edificios o centro empresarial o comercial podrán aprovechar una misma instalación. Y, por otra parte, los pequeños productores podrán vender a precio de mercado los excedentes a la red pública o a otro consumidor, en cuyo caso será a un precio determinado.

Hasta ahora, se venían obligados a regalarlos, mientras que a partir de la próxima normativa comunitaria podrán venderlos por sí mismos o a través de los agregadores de mercado. Por otro lado, los autoconsumidores tendrán un amplio margen de producción. Según prevé la nueva directiva, no serán considerados como productores hasta que los excedentes de electricidad que vendan a la red no superen los 10 MWh anuales o los 500 MWh anuales en el caso de hogares o empresas, respectivamente.

La situación será muy distinta a la actual, ya que a día de hoy en España se mide en función de las instalaciones. Independientemente de cuál sea la producción, se considera productores a los titulares de instalaciones superiores a 100 kW, con lo que se avecinan cambios muy favorables al autoconsumo.

La predisposición de los españoles frente al autoconsumo es positiva. Un reciente sondeo de SEO BirdLife y la empresa solar Ecooo, titulada DeSEOsol preguntó «cuál sería su siguiente paso para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en su hogar», y resultados preliminares arrojan unas cifras esperanzadoras.

En concreto, el 40,6 por ciento de los encuestados dijo que apostaría por instalar algún dispositivo de autoconsumo renovable. Entre otros, paneles fotovoltaicos, turbinas de viento o calderas de biomasa, si bien su instalación o, por ejemplo, la contratación de compañías que abastezcan de este tipo de energía tan solo la lleva a cabo una pequeña minoría.

El estudio, que pretende valorar la percepción social del modelo energético y las razones que llevan a apostar por las energías verdes, concluyó que el principal motivo para hacerlo es doble, centrándose tanto en la apuesta por un modelo más justo y sostenible (42%), seguido por la búsqueda de un ahorro económico (39,9%).

La encuesta también encontró que se aplican gestos eco amigables de forma cotidiana para el ahorro energético, como la colocación en los hogares de bombillas de bajo consumo (un 91%), así como la aplicación de buenas prácticas a la hora de utilizar el aire acondicionado, la calefacción , tal y como afirma hacer el 88 por ciento.

Por último, apoyando la política europea de fomento del autoconsumo, el informe IPM “El Autoconsumo es el paradigma de las Ciudades Sostenibles” concluye que las emisiones de gases de efecto invernadero pueden reducirse hasta un 50 por ciento combinando aquel y el vehículo eléctrico. Este último mediante el aumento de puntos de recarga, entre otras medidas.

El mero hecho de producir su propia energía supondrá al consumidor residencial y empresarial un impuesto anual de unos 9 euros más IVA por kW de potencia de cada panel, a lo que los segundos habrán de añadir otro variable en función del coste de la energía, de unos 5 céntimos por cada kWh que produzcan y autoconsuman.

En contra de la tendencia mundial a impulsar el desarrollo de energías renovables, -en esto, como en tantas otras cosas, «Spain is different»-, el Real Decreto las castiga imponiendo el denominado «peaje de respaldo» al autoconsumo energético.

La polémica está servida

También bautizado como «impuesto al sol», ya desde que el Ministerio diera a conocer sus intenciones de penalizar el autoconsumo, la polémica estaba cantada. Y así fue. En agosto del 2013 se presentó el anteproyecto de Ley en el que se recogía la figura del «delincuente solar», un nuevo tipo de delito para el que se prevenían multas de hasta los 60 millones de euros.

Tal despropósito no podía sino disparar las críticas. Como era de esperar, las organizaciones de consumidores, grupos ecologistas, empresarios del sector de las renovables y oposición llevaron la voz cantante. Ahora, con su aprobación tras algunos retoques, -siguiendo el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el visto bueno del Consejo de Estado-, ocurre otro tanto de lo mismo. O quizá más, porque ahora no es un plan, sino un hecho.

Para organizaciones verdes como Greenpeace, la aprobación de la normativa supone una «clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética».

Las redes sociales ardieron ayer, y siguen haciéndolo. Por ejemplo, #NosRobanElSol fue primer TT en España durante horas, y la avalancha de tuits no celebraban la medida, precisamente. En general, cabe hablar de indignación generalizada ante la imposición de este canon, bautizado como «el impuesto del sol».

La gran pregunta:¿Por qué?

Priorizar que las grandes hidroeléctricas no tengan déficit tarifario es la tesis mayoritaria a la hora de responder a la gran pregunta: ¿Por qué esta medida desincentivadora de energías verdes?.

¿A qué o a quiénes favorece? La postura oficial defiende que el Real Decreto pretende preservar la estabilidad económica y financiera del sistema. Básicamente, se pretende evitar que los consumidores acaben aprovechando la red eléctrica convencional para complementar su propia generación solar sin aportar un plus.

La solución para impedir que «subvencionen» el autoconsumo, es decir, que aprovechen las infraestructuras sin aportar lo suficiente, siempre según los legisladores, se ha concretado en el impuesto, denominado en el texto «peaje solidario».

Cuando el Gobierno habla de «el sistema», las organizaciones asimilan el concepto a «la cuenta de resultados de la grandes compañías eléctricas».

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ecooo, WWF, Greenpeace, el sector de las renovables y organizaciones de consumidores se oponen frontalmente a esta medida argumentando que además de ir contra la tendencia global a promocionar la energía verde, obedece a unos claros intereses de las multinacionales.

Greenpeace afirma que esta medida es solo una más de las que ha aprobado «el Gobierno para rendir vasallaje al oligopolio eléctrico».

«El día que nos roban el sol, el Senado rechaza la moción para declarar el Mediterráneo como Zona Libre de Prospecciones Petrolíferas. Mal camino«, apuntan. Su crítica a la política ambiental actual o, mejor, a su inexistencia, engloba otros muchos temas.

WWF España, por su parte, considera la normativa de autoconsumo «un impuesto camuflado en beneficio de las grandes eléctricas» y Amigos de la Tierra nos anima a «liberar al sol» tras el «secuestro de las grandes eléctricas y el Gobierno».

Facua, la organización de defensa de los derechos de los consumidores, señala como culpables a «las grandes compañías eléctricas, cuyos intereses priman sobre los de los consumidores, a quienes perjudica económicamente».

Aprovechan para recordar que «el sistema que perpetúa ha provocado subidas de la luz para los hogares de casi un 75 por ciento en los últimos diez años».

«El gobierno aprueba la tasa al autoconsumo eléctrico. Una vez más, dan de lado a los consumidores«, se lamenta la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros (ADICAE).