El problema

Diversos expertos en medio ambiente han alertado de la amenaza de la sequía, coincidiendo en señalar que el 75% de la superficie de la Península Ibérica está en peligro de desertificación. Además, casi la cuarta parte de España se puede considerar un desierto.

Este dato se ha puesto de manifiesto en un evento organizado por Greenpace en el que, además, se han dado a conocer otros datos que alertan sobre la situación. En concreto, sobre el agua embalsada.

En este caso, a fecha de 18 noviembre de este año, las reservas se encontraban al 43,6%, lo que supone el 6,5% más que en la gran sequía que se produjo en el año 2017. Y es que ya no es cuestión solo de las precipitaciones, sino que la principal causa es la demanda evaporativa, que depende de la temperatura.

Sequías extremas

Los expertos coinciden en señalar que se está en un período de sequías extremas, que se intercalan con semanas de inundaciones. Así, puede haber zonas en las que haya agua suficiente mientras, en otras, las cuencas estarán bajo mínimos en términos de precipitaciones.

No obstante, de forma generalizada, en las cinco últimas décadas se ha apreciado una reducción de las precipitaciones y un aumento de la demanda evaporativa, lo que hace que haya menos agua. Y es una tendencia que puede ir creciendo. Se prevé que las precipitaciones al final del siglo se reduzcan entre el 16% y el 4%, aunque el efecto será más acusado en el Sur de España.

También se esperan modificaciones en la longitud del período más seco y en la intensidad de las precipitaciones. Todos estos factores influirán en los ecosistemas acuáticos, que son los productores del recurso por lo que los expertos avisan de que la gestión del agua tiene que ser clave en las políticas del clima.

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El problema

El problema de las aguas subterráneas se ve acentuado porque los expertos aseguran que desde la administración no se está actuando lo suficiente ni poniendo en marcha las medidas necesarias para solucionar la situación presente y futura de los recursos hídricos.

Los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reflejan que se han cerrado alrededor de 250 pozos en el entorno de Doñana, así como 11 depósitos privados.

Una situación que se ha detectado también en otras zonas como la cuenca del Segura en la que se han tramitado ordenes de clausura para 300 pozos desde el año 2013, mientras que en el Tajo se han incoado un total de 117 expedientes sancionadores en el período de tres años.

La clausura de pozos igualmente se ha detectado en la cuenca del Guadiana en la que se ha procedido a la clausura de 87 pozos desde el año 2010. Además, en la del Júcar, se han contabilizado 59 expedientes sancionadores sobre derivaciones o extracciones de aguas sin título legal que ampare la actividad.

Pero, las cifras son todavía más alarmantes porque, de acuerdo con los datos ministeriales, en España había alrededor de 510.000 pozos ilegales en España. Una cifra que, sin embargo, para otras organizaciones como, por ejemplo Greenpace, se duplicaría.

Consecuencias

Esta situación ha tenido ya varias consecuencias. La más clara se ha detectado en el Parque Nacional de Doñana, que está considerada como una de las zonas más críticas por el uso ilegal del acuífero para regar cultivos.

Una situación sobre la que los expertos alertan de que es especialmente preocupante porque, de seguir así, va a tener efectos negativos en el medioambiente y en la economía de la zona y del país.

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Principalmente, los incendios afectaron a la zona de matorral y monte abierto con 94.979 hectáreas afectadas Además, se quemaron 69.166 hectáreas de superficie arbolada. Una situación ante la que muchas comunidades autónomas han presentado sus planes de prevención de incendios como suele ser habitual en esta época del año, aunque no siempre son suficientes. De hecho, el último informe de Greenpeace así lo corrobora.

Municipios desprotegidos

El informe presentado por Greenpeace pone de manifiesto que el 80% de los municipios españoles, que están situados en zonas consideradas de alto riesgo de incendios, no tienen planes de emergencia.

Esta situación no es igual por comunidades autónomas. Mientras Islas Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana son las más avanzadas -a pesar de que todavía les queda mucho camino por recorrer y por tomar medidas- hay otras autonomías que están en la cola.

En este último grupo de comunidades con planes deficientes o muy deficientes, están autonomías como Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, así como las provincias de León y Zamora, a pesar de que sufren el 51,57% del total anual de los incendios.

Un dato también preocupante es que la población que vive en el medio natural no tiene percepción del riesgo que tienen. Además, tampoco conocen ni sus deberes ni las responsabilidades en materia de prevención y autoprotección de sus bienes.

Extinciones

El informe de Greenpeace también revela que realizar una extinción exitosa del incendio no es la solución al problema. Aunque en el año 2017 el 63% de los incendios se quedó en menos de una hectárea, es necesario tomar otras medidas.

Una de las más importantes es la de realizar construcciones y edificaciones en zonas en las que no haya peligro. Y es que la gestión urbanística no ha tenido en cuenta el riesgo de incendio forestal, estando muchas organizaciones o edificaciones situadas en zonas en las que se corre un peligro importante.

También se precisan medidas para evitar que de forma continuada haya vegetación desecada en los entornos naturales porque esto aumenta el riesgo de incendios entre otras medidas.

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