Que los plaguicidas no son una caricia para el medio ambiente, ni mucho menos para nuestro organismo, es algo más que obvio, pero su peligrosidad sigue estando en una especie de limbo. Básicamente, se minimiza o sencillamente no se habla de ello, cuando lo suyo sería someter su posible riesgo a un análisis con lupa.
En la reinante atmósfera de permisividad que vivimos con respecto a este tema, también hay voces que ponen el grito en el cielo, y no siempre desde el lado del activismo promovido por las ONGs. En esta ocasión, la voz de alarma proviene de la misma ONU.
Negación de daños sistemáticos
Nos referimos a un informe (goo.gl/iulZt0) realizado por dos relatores de la ONU en el que se considera que la agroindustria promueve el uso de plaguicidas mediante «tácticas agresivas y poco éticas», al tiempo que se acusa al sector de «negar sistemáticamente la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas».
El documento, presentado esta semana en la 34 reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Suiza desmonta falsas creencias en torno a la necesidad de su uso. Según sus autores, el problema de la seguridad alimentaria no depende tanto de las técnicas agrícolas sino de las desigualdades sociales.
Si nos centramos en la cantidad de alimentos, ésta resulta suficiente para alimentar a la población mundial, siendo el principal obstáculo su difícil acceso a consecuencia de «los sistemas no equitativos de producción y distribución».
Por un lado, se considera que el uso de plaguicidas por el «modelo agrícola dominante» es problemático por muy distintas causas. Destacan, sobre todo, las numerosas muertes por intoxicación así como el impacto ambiental que supone para los ecosistemas.
También se subraya el hecho de que el modelo de agricultura intensivo se convierta en un obstáculo de cara a «asegurar la soberanía alimentaria». ¿La solución? El informe concluye que solo apostando por la agricultura ecológica se pueden solucionar todos estos problemas.
El informe propone una transición hacia la agroecología enfocada como una alternativa a largo plazo, puesto que, en contra de lo que se suele afirmar, la industria agrícola no precisa de los plaguicidas para alimentar al mundo.
Los títulos de Relatores Especiales se dan a expertos para que trabajen de forma independiente para las Naciones Unidas dentro de un enfoque de mecanismos de «Procedimientos Especiales» con un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización. En esta ocasión, el informe lo han elaborado conjuntamente el Relator Especial sobre productos tóxicos, Baskut Tuncak, y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver.
Las reacciones a estas conclusiones no se han hecho de esperar. Por un lado, los activistas ambientales celebran que se hable tan claro desde una institución del prestigio de la ONU, mientras los grandes productores mundiales de estos químicos critican el informe.
Eso sí, las conclusiones del informe son solo recomendaciones, con lo que no habrá reacciones directas a nivel legislativo ni de tipo político. De cara a concienciar a la opinión pública, sin embargo, las ONGs consideran que sí constituye todo un avance para el cuidado de la salud pública y el entorno.
El informe, por último, señala precisamente que falta más contundencia institucional para que la normativa realmente sea todo lo protectora que debiera. Se pone el acento también en la «práctica generalizada» de «exportar plaguicidas muy peligrosos a terceros países», donde no están prohibidos.
Es decir, las leyes pueden prohibir su uso nacional pero permitir su exportación a países con marcos normativos «más débiles». Su intención, cómo no, es hacer negocio, cuando debería impedirse el comercio exterior por las mismas razones que llevan a prohibirlos.