El gas radón es un problema para la salud de las personas tal y como lo demuestran las cifras de mortalidad en España: 1.500 muertes anuales. Una afección que parece no llegar a su fin porque en el país se sigue sin adaptar la normativa a pesar de que la Unión Europea obliga a implementar medidas para prevenir su presencia en las construcciones.
Muertes
En la actualidad, el gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Además, está clasificado por la OMS como cancerígeno humano desde hace 34 años.
El problema de este gas es que su afección es silenciosa porque es un gas radiactivo que se filtra en viviendas y centros de trabajo a través del subsuelo. En España, está especialmente presente en zonas como Galicia, Extremadura o la sierra de Madrid.
Sin normativa
España debería haber trasladado la normativa de la Unión Europea para evitar estas situaciones. De hecho, todos los países miembros de la UE tienen la oblación de disponer de un Plan Nacional contra el radón, cuyo plazo de implantación terminó hace cuatro años.
Sin embargo, en España no se cuenta con este plan. Una situación que llevó a que ya en 2019 fuera expedientada por Bruselas por no trasponer dicha directiva y que puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si continúa este incumplimiento.
En el caso de España, la normativa para proteger la salud de las personas de los efectos nocivos del gas radón debería estar promulgada antes del 6 de febrero de 2018. Este era el límite marcado en la Directiva 59/2013/EURATOM para todos los países miembros de la Unión Europea.
En concreto, esta directiva recoge la obligación de los países europeos de medir y controlar en radón en viviendas, colegios, edificios públicos, lugares de trabajo y otras dependencias públicas. Además, la Administración debe informar a los ciudadanos sobre la exposición al radón en recintos cerrados y los riesgos asociados para la salud.
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