La vuelta al sistema de los envases retornables, pero esta vez buscando su reciclaje y reutilización, va abriéndose paso, al tiempo que ha desatado la polémica.
Iniciativas recientes, como la de la autonomía valenciana o canaria, están dando pasos adelante para implantar un sistema de retorno de envases o SDDR, mecanismo que ofrece unos céntimos a cambio de retornar botellas de agua, refrescos, zumos y cervezas.
Pros y contras
Implantar este nuevo sistema de recogida de envases a cambio de dinero se ve desde el lado político como un modo de evitar problemas de desechos que afectan al medio ambiente, incluyendo el impacto paisajístico, clave en lugares costeros como Valencia, Canarias o Cataluña, donde también están pensando ponerlo en marcha.
En concreto, se busca emular modelos de gestión de residuos aplicados con gran éxito en distintos países de Europa como Alemania, Dinamarca o Noruega, entre otras regiones del mundo.
La medida valenciana fue aplaudida por ambientalistas como Amigos de la Tierra, CECU, Greenpeace, Fundació per la Prevenció de Residus o el Gremi de recuperació de Catalunya. En concreto, se pretende evitar el abandono masivo de latas y botellas (cinco millones de envases de bebidas cada día) con el objetivo principal de proteger el entorno terrestre y marino de su territorio.
Consideran que este paso supone un importante avance para el medio ambiente y sus partidarios esperan que esta declaración se convierta cuanto antes en una realidad. En la práctica, los consumidores devolverán los envases a los comercios en vez de desecharlos. En términos económicos, la Generalitat valenciana apunta que cada año se pierden 12 millones de euros, el equivalente a 60.000 toneladas de materiales, que además acaban contaminando el entorno.
Pero el anuncio de volver a vender las bebidas con depósito en su comunidad autónoma también tiene detractores. Los comerciantes y la plataforma Ecoembes critican que el gobierno busque gravar con diez céntimos los envases para incentivar su reciclaje. De este modo, penaliza a quienes no reciclen y solo los usuarios que devuelvan los envases lo recuperarán.
Argumentan que todo se reduce al interés de los vendedores de las máquinas de recogida, apuntando que para su amortización se necesitan reciclar en torno a los 100.000 envases. Además, se quejan de una sobrecarga de trabajo, así como de posibles problemas de superficie de almacenaje, ya que deberán guardarlos hasta que operarios públicos pasen a recogerlos.
Opiniones encontradas que se repiten en otros lugares donde se ha implantado o se busca hacerlo. Una polémica que se crea sobre otra mucho más antigua. Si el sistema de venta de bebidas con depósito supone un impuesto que solo se recupera si se hace el esfuerzo por devolver las bebidas, actualmente lo pagamos todos.
Reciclemos o no, hoy los beneficiados son empresas recicladoras como Ecovidrio o Ecoembes. Eso, sin contar con los municipios que a la hora de la verdad no reciclan. Aunque depositemos los envases en los respectivos contenedores, luego acaban todos mezclados en un vertedero.
Y es que el negocio del reciclaje tiene mucho mar de fondo. Como vimos en un post dedicado a esta cuestión, la casuística en España es mucha y muy desalentadora. En un sinfín de municipios se recicla poco y mal, pero el ciudadano no por ello paga menos impuestos por la recogida de la basura.
Con este nuevo sistema, que se superpone a aquel, por lo que podría complementarlo de forma eficaz, el que recicla no paga. Ahora pagamos todos y los beneficiados son, justamente, Ecoembes y Ecovidrio, empresas que hacen una gran labor pero también obtienen beneficios millonarios. Es importante dar una oportunidad a su implantación, sobre todo cuando están emulando ejemplos que han conseguido un éxito incontestable.