Evitar el despilfarro alimentario es tarea de todos. No solo el ciudadano ha de intentar tirar la menor cantidad posible de comida, también han de hacerlo los supermercados, restaurantes y demás establecimientos del sector alimentario.
Si sumamos la cantidad de comida que acaba en la basura, obtendríamos cifras económicas de millones de euros y, por supuesto, también hay que añadir una huella de carbono terrible. Un despilfarro insultante en tiempos de crisis e, igualmente, inaceptable a nivel ambiental, que solo puede detenerse con una mayor concienciación y nuevas leyes.
En Francia intentan cerrar este grifo a nivel general, tanto en lo que respecta a la ciudadanía como a los supermercados. De hecho, el Gobierno francés se propuso reducir a la mitad los desechos de comida para 2015, y por fin ha empezado a tomar medidas drásticas para aprovechar esa comida de un modo u otro.
Con el fin de evitar que acabe en la basura, -incluso rociada con lejía para evitar que otros la aprovechen-, en el país vecino acaba de aprobarse un proyecto de ley que prohíbe a los supermercados tirar comida que todavía puede ser consumida.
La Asamblea Nacional votó por unanimidad un normativa que prohíbe destruir o tirar a la basura comida o productos de alimentación perfectamente comestibles que se han quedado sin vender por cualquier motivo, como desperfectos en el envase.
Donar a asociaciones
Los supermercados y grandes superfices, de este modo, habrán de donar esa comida a bancos de alimentos y ONGs que asisten a personas necesitadas.
Las medianas y grandes superficies han de firmar un acuerdo con una asociación caritativa para donarle los alimentos. De no hacerlo, se prevén multas de hasta 75.000 euros.
La medida parece perfecta, todo un avance, al menos para el planeta y para las personas más necesitadas. Pero no es exactamente así o, al menos, puede acabar ocasionando graves problemas si no se toman las medidas pertinentes.
Lejos de ser bien recibida, las ONGs han manifestado su descontento. Sí, todo parece perfecto, pero no lo es porque, sencillamente, las asociaciones tienen sus límites, y esta avalancha de comida atenta contra su misma supervivencia.
Literalmente, las asociaciones temen acabar sepultadas bajo una montaña de comida, sin capacidad de reacción y así lo han manifestado. Lo que parecía una buena idea en un principio, les ha acabado horrorizando.
¿Un regalo envenenado?
En efecto, esta obligación de donar está provocando numerosas protestas por parte de las mismas asociaciones, que ven las donaciones como una especie de «regalo envenenado», ya que se temen una avalancha de productos que no van a poder almacenar, lo que implicaría alquilar otros locales, con lo que acabaría siendo un gasto para ellos.
La solución pasaría por facilitarles medios logísticos y humanos para poder asumir tal cantidad de alimentos. Por lo pronto, las asociaciones están demandando la adopción de buenas prácticas para que esas donaciones obligatorias no acaben siendo un auténtico caos y dolor de cabeza para las ONGs.
El objetivo, apuntan muchos de sus representantes, habría de ser permitir que las asociaciones reciban la cantidad que necesitan de aquello que necesitan. Solo así podría ser provechoso, estiman.
Abonos para la agricultura
Los caducados se destinará a alimentación animal o a la producción de abono orgánico o compostaje que se utilizará en la agricultura.
Para su aplicación, la normativa ha de pasar todavía por el Senado, pero su aprobación se espera sin problemas. La ley se enmarca dentro de una normativa más amplia que también busca soluciones para evitar desperdicios en los comedores escolares.
A su vez, se prevé concienciar a los niños y enseñarles trucos para reducir el despilfarro de alimentos. También se estudia modificar o eliminar las fechas de caducidad en determinados productos para los que resulta innecesaria.