El escándalo de los motores diesel que se destapó a partir del «DieselGate» sigue trayendo cola. Si comenzó con el gigantesco fraude de Volkswagen y siguió con otros hallazgos no menos preocupantes no solo en tierras germanas, ahora nos encontramos con la acusación de los ambientalistas al gobierno alemán de formar parte del mismo.
Las acusaciones tienen un origen en la pregunta que quedó en el aire cuando estalló todo hace un par de años. ¿Era una cuestión de una empresa, de varias, y el gobierno alemán, acaso estaba al corriente?.
Los ambientalistas señalan con el dedo
Si queremos conocer hasta dónde llega el fraude hemos de conocer las respuestas a estas preguntas. Y ello, a juicio de los ambientalistas, significa llegar hasta el mismo gobierno germano.
En su momento, ya lo manifestó Oliver Krischer, diputado de Los Verdes, cuya opinión no dejaba lugar a dudas cuando afirmaba que el gobierno alemán estaba al corriente de que se estaba haciendo este tipo de fraude, un peligro para la salud pública y el medio ambiente.
No en vano, la industria automotriz es clave en la economía alemana, por lo que la acusación realmente tenía sentido. Ahora, la cuestión vuelve a estar en la palestra, ya que va a celebrarse una reunión este miércoles entre representantes del Gobierno y de la industria del motor.
Igualmente, las últimas revelaciones en torno al escándalo apunta a la posible existencia de un cártel entre los grandes fabricantes del automóvil. «Hay una clara connivencia entre el estamento político y la industria de la automoción, plasmada no sólo en la actitud del Gobierno federal, sino extensible a los estados federados, donde los grandes fabricantes del sector tienen sus sedes», dice Jürgen Resch, impulsora de la demanda a favor de la prohibición de los autos diesel en Stuttgart, gerente de la asociación Deutsche Umwelthilfe (DUH).