Así como no suele llover a gusto de todos, tampoco siempre se cultiva de forma satisfactoria cuando la cosecha procede de semillas transgénicas. Intentando consensuar, pero logrando justo lo contrario, la Unión Europea ha tomado una decisión al respecto que ha suscitado críticas por parte de quienes están a favor y en contra de la implantación de organismos genéticamente modificados.
Aunque la decisión no es definitiva, pues todavía ha de ser ratificada a nivel parlamentario este otoño, las voces de protesta no han tardado en surgir en contra de esta nueva normativa que permitirá a los Estados prohibir los transgénicos en su territorio.
Una decisión tibia, con la que Bruselas se lava las manos como Poncio Pilatos, ha sido el resultado después de cuatro años de intenso debate en el Consejo de ministros de Medio Ambiente y Agricultura.
De este modo, se concede un mayor margen de maniobra a los gobiernos lo que, según se ha acordado esta semana, permitirá a cualquier país de la Unión Europea (UE) decidir sobre la implantación de cultivos transgénicos, independientemente de la autorización de Bruselas.
Se aceptarán como válidas razones de impacto ambiental, agrícola, socioeconómico o de gestión del territorio para su prohibición, con lo que el libre arbitrio de cada nación pasará a ser decisivo para la aprobación o no aprobación de nuevos cultivos transgénicos.
Sin embargo, siempre que se cuente con el permiso de Bruselas, se permite su fabricación en un país que rechace esa nueva variedad para comercializarse en los países que no se oponen.
El mercado de los transgénicos podría resentirse con esta nueva medida a nivel europeo, tanto en lo que respecta a su abastecimiento interno como en exportaciones. Una consecuencia, por otra parte, inevitable por falta de uniformidad en las decisiones.
Monsanto, multinacional líder del sector, califica la decisión de «populista», una «mala señal» enviada al resto del mundo haciendo «caso omiso de a la ciencia». Lamentan que las razones de «política pública» se consideren de mayor importancia que las evidencias sobre sus efectos adversos.
De aprobarse definitivamente, en un claro tono amenazante señala que fortalecerá su decisión de invertir en tecnología de modificación genética fuera de Europa y seguirá sin «planes de introducir otros productos modificados genéticamente para su cultivo en Europa en un futuro próximo».
Por otra parte, Monsanto reconoce que ha de mejorar su comunicación sobre sus productos para lograr un «entendimiento con el público en general».
Un regalo envenenado
Las organizaciones ecologistas reclaman justo lo contrario: un mayor control de las empresas biotecnológicas, pues consideran la medida demasiado suave. Friends of Earth Europe, la mayor red de grupos ambientalistas de Europa, advierte que el riesgo de toxicidad alimentaria «aumentará drásticamente» al dar voz a las empresas ante cualquier intento de prohibición de nuevas variedades.
La ONG Amigos de la Tierra está convencida de que este cambio «provocará una expansión de nuevos cultivos transgénicos en España». Desde la organización se manifiesta una profunda decepción y se denuncia este cambio legal otorga un poder «sin precedentes» a compañías como Monsanto o Syngenta. Así lo explica Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra:
Durante más de 15 años la mayoría de los países de la UE han luchado contra la expansión de los cultivos modificados genéticamente y han defendido su derecho a prohibirlos. Si finalmente se aprueba esta ley y se extienden estos cultivos el riesgo de que se contaminen las semillas, los cultivos y los alimentos de toda Europa es enorme.
Que los gobiernos deban pedir autorización a las empresas para prohibir cultivos transgénicos se considera «un ataque a la democracia«. Por último, se reclama más peso de análisis rigurosos sobre los riesgos ambientales y para la salud.