Los incendios forestales se han convertido en un problema de primer orden por su impacto en el medio ambiente y en el entorno natural. Tan solo el año pasado, la superficie quemada fue de 174.788 hectáreas, lo que supone el 0,63% del territorio español. Unos datos con los que el año 2017 se ha convertido en el segundo peor en una década.
Principalmente, los incendios afectaron a la zona de matorral y monte abierto con 94.979 hectáreas afectadas Además, se quemaron 69.166 hectáreas de superficie arbolada. Una situación ante la que muchas comunidades autónomas han presentado sus planes de prevención de incendios como suele ser habitual en esta época del año, aunque no siempre son suficientes. De hecho, el último informe de Greenpeace así lo corrobora.
Municipios desprotegidos
El informe presentado por Greenpeace pone de manifiesto que el 80% de los municipios españoles, que están situados en zonas consideradas de alto riesgo de incendios, no tienen planes de emergencia.
Esta situación no es igual por comunidades autónomas. Mientras Islas Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana son las más avanzadas -a pesar de que todavía les queda mucho camino por recorrer y por tomar medidas- hay otras autonomías que están en la cola.
En este último grupo de comunidades con planes deficientes o muy deficientes, están autonomías como Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, así como las provincias de León y Zamora, a pesar de que sufren el 51,57% del total anual de los incendios.
Un dato también preocupante es que la población que vive en el medio natural no tiene percepción del riesgo que tienen. Además, tampoco conocen ni sus deberes ni las responsabilidades en materia de prevención y autoprotección de sus bienes.
Extinciones
El informe de Greenpeace también revela que realizar una extinción exitosa del incendio no es la solución al problema. Aunque en el año 2017 el 63% de los incendios se quedó en menos de una hectárea, es necesario tomar otras medidas.
Una de las más importantes es la de realizar construcciones y edificaciones en zonas en las que no haya peligro. Y es que la gestión urbanística no ha tenido en cuenta el riesgo de incendio forestal, estando muchas organizaciones o edificaciones situadas en zonas en las que se corre un peligro importante.
También se precisan medidas para evitar que de forma continuada haya vegetación desecada en los entornos naturales porque esto aumenta el riesgo de incendios entre otras medidas.
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