El concepto de economía compartida es interesante en cuanto que ayuda a ahorrar y a cuidar el planeta, pero algunas de sus prácticas resultan polémicas y hasta son ilegales, sobre todo cuando media ánimo de lucro. Compartir coche es un claro ejemplo del conflicto de intereses que puede llegar a crearse a nivel social, así como de los riesgos legales derivados de su uso. Pese a la confusión, sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse si se está bien informado y se conocen los límites que no deben traspasarse.
Las advertencias del gobierno a los usuarios de servicios de coches compartidos han llegado esta semana sin paños calientes, pero al mismo tiempo de un modo ambiguo. El comunicado difundido a través del Ministerio de Fomento afirmaba que no contar con la correspondiente autorización de transporte para operar era «una infracción muy grave» que acarrearía multas a usuarios y conductores entre 600 y 18.000 euros
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