Las praderas submarinas en España acumulan cerca de 227 millones de toneladas de carbono azul, calculándose su valor monetario en alrededor de 8.634 millones de euros, lo que supone el 0,7% del PIB del país. Estos datos son especialmente importantes y no sólo desde el punto de vista económico, sino también medioambiental, ya que el 82% del almacenamiento y secuestro de carbono por las fanerógamas marinas está en lugares protegidos de la Red Natura 2000. Y la previsión es que España pierda el 24% del carbono almacenado en estas praderas marinas de aquí hasta el año 2050.
El informe
El impacto de estas pérdidas se cifra en 17.974 millones, lo que equivale al 1,6% del PIB español, según los cálculos que han realizado un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Alberto González-García, Marina Arias, Susana García-Tiscard, Paloma Alcorlo y Fernando Santos-Martín.
El estudio realizado –titulado ‘Evaluación nacional del carbono azul en España mediante inVEST: estado actual y perspectivas de futuro’-, comprende más de 758.000 kilómetros cuadrados, que se dividieron en cuatro demarcaciones. Una de ellas fue las Islas Canarias, que concentraron el 64%, mar Mediterráneo Occidental con el 31%, mar de Alborán con el 3% y Atlántico Sur con el 2%.
Los datos de este análisis han permitido constatar que la pérdida de biodiversidad marina está afectando cada vez más a la capacidad del océano para proporcionar servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano. Una pérdida de ecosistemas costeros y marinos que aumentará más todavía por el cambio climático.
Y esto es especialmente importante porque estos ecosistemas tienen un papel clave para almacenar carbono y en los procesos de secuestro que contribuyen a mitigar el cambio climático. Pese a ello, están disminuyendo por la acción humana, aumentando así su riesgo de extinción.
Qué hacer
En el estudio se recoge que la cantidad de carbono almacenado en las fanerógamas marinas de España debe gestionarse con el fin de evitar escenarios futuros en los que la pérdida de carbono conlleve un aumento del cambio climático y, en consecuencia, se pierda bienestar humano. También se apunta la necesidad de establecer estrategias separadas en función de las distintas demarcaciones.
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