La política punitiva (y el ansia recaudatoria, todo sea dicho) está en pleno apogeo en cuanto a basura se trata. En contra de otras iniciativas que premian las conductas cívicas, en Madrid se ha comenzado el año con la aplicación de unas ordenanzas que pueden suponer multas de hasta 750 euros a particulares o a comunidades vecinales por no reciclar los desechos domésticos de forma conveniente.
Ya quedaron atrás aquellas huelgas de limpieza que tenían a la capital del país hecho un estercolero. Sólo unos meses después, el Ayuntamiento parece irse al extremo opuesto y ahora inspecciona la actividad recicladora del ciudadano, con sanciones que penalizan confundirse de contenedor a la hora de depositar tal o cuál desecho, así como separarlos sin equivocaciones.
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